ARQUITECTURA PATRIMONIAL, SU SIGNIFICACIÓN Y VALORES PATRIMONIALES

El hombre sedentario se apropió del territorio y obligado por la necesidad, utilizando su espíritu creativo empezó a construir sencillas enramadas para protegerse del sol y la lluvia y luego, poco a poco, creó estructuras cada vez más complejas y duraderas en procesos de intento y error, acumulando conocimiento y experiencia hasta convertir la tarea de prefigurar un edificio y su procedimiento para construirlo en un arte muy sofisticado.

En México los ejemplos de la arquitectura creada a partir de la irrupción de la cultura europea en el continente y hasta finales del siglo XIX son considerados monumentos históricos, conforme lo que señala la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ejerce la tutela normativa para su protección, conservación, investigación y difusión.

El acervo del patrimonio edilicio que el Instituto ha catalogado de manera sistemática durante más de cuatro décadas cuenta hoy en día con más de 117,000 fichas donde destacan por su valor histórico, estético y cultural maravillosos edificios religiosos, escuelas, hospitales, fortalezas militares, oficinas de gobierno, quioscos, fuentes, plazas, acueductos, puentes, fábricas, haciendas y casas habitación, que ejemplifican la destreza de los arquitectos y constructores mexicanos del pasado.

Cada edificio en sí constituye un tesoro de la Nación, único e irremplazable y es, además, un documento en piedra de la memoria histórica de una comunidad, un lugar, una forma de vida, de una época distante en el tiempo pero cercana en la conformación cotidiana de la identidad cultural de los mexicanos.

El patrimonio histórico edificado en su gran mayoría alcanza, de manera estimativa, 82% de los inmuebles hasta hoy catalogados, se trata de bienes de propiedad privada, que por ley deben de sujetarse a las normativas de conservación promovidas por el Instituto.

Destacan dentro de este riquísimo acervo los conventos y monasterios religiosos, construidos por las diversas órdenes regulares y seculares con el objetivo de salvaguardar las rutas para la propagación de la evangelización y las haciendas; conjuntos de arquitectura civil ubicados generalmente en ámbitos rurales dedicados a la producción agrícola, ganadera, minera o textil, que desde la época del virreinato constituyeron enclaves para la ocupación del territorio, control y abrigo en las rutas del comercio y los diferentes intercambios que conjugaron la diversidad de las culturas europea y americanas.

Ambas tipologías compartían una arquitectura que conjugaba elementos de defensa militar y abrigo al viajero; sofisticados elementos de ingeniería hidráulica, espaciosos almacenes de dimensiones pocas veces vistas, áreas de habitación para trabajadores, administradores, propietarios o predicadores; recintos para el culto religioso, todo el conjunto en emplazamientos estratégicos desde donde se dominaban grandes extensiones territoriales integrando la arquitectura al paisaje natural, condiciones que en muchos casos siguen prevaleciendo hoy en día.

La huella arquitectónica en el ámbito urbano de la arquitectura civil privada es de gran relevancia por su calidad, estética, y diversidad de lenguajes arquitectónicos, que combinan desde clásicas sobriedades hasta abigarradas expresiones decorativas, siempre atendiendo a una gran sapiencia, a la orientación, el asoleamiento, las condiciones geográficas, topográficas y climáticas; aprovechando los materiales constructivos disponibles en la región, conformando de esta manera patrones inconfundibles de volumetrías, texturas, ritmos, cromática y decoraciones que hacen tan especiales, atractivos e inconfundibles estos contextos de las ciudades históricas del país.

En el ámbito rural la presencia de la arquitectura vernácula, edificada con los saberes tradicionales constructivos es enorme. Utilizando de manera magistral los materiales existentes en cada región como la cal, la piedra, el barro, la paja, la palma o el bajareque; configuraron espacios familiares multifinalitarios bajo un mismo techo, que mantenían sobresalientes condiciones de confort al interior, tanto en las épocas de calor como en las de temperaturas templadas o frías. Los conjuntos de arquitectura vernácula han dado identidad a los paisajes campiranos de las comunidades rurales del país.

Sobresalientes también son los ejemplos de la arquitectura militar, edificada para la defensa de puertos, ciudades y rutas. Así como la batería de San Miguel, dentro del sistema de construcciones defensivas militares de la ciudad de Campeche, se ubica gallardamente en un promontorio mirando a la costa bañada por el Golfo de México; o la fortaleza de San Juan de Ulúa, enclave portentoso para la defensa estratégica del principal puerto de la Nueva España en su relación comercial con el continente europeo, ve bañadas sus murallas por el mar; también la magnificencia de la Fortaleza de San Carlos en Perote, un emplazamiento elevado tierra adentro salvaguardando la hegemonía territorial ante el eventual ataque de fuerzas invasoras provenientes de la costa, así cada uno de los monumentos históricos se relaciona de manera armónica con su contexto urbano o natural, conformando paisajes históricos de alta calidad pa­trimonial.

Los sitios patrimoniales, hoy conocidos como centros históricos, combinan en la riqueza de su paisaje con la presencia de arquitecturas de gran jerarquía, acompañadas en ocasiones de una arquitectura histórica menos relevante pero que en su conjunto logran mantener una relación armónica en escala, ritmo y volumetría que caracteriza, enriquece y hace tan encantadores estos conjuntos urbanos.

Los conjuntos de arquitectura histórica presentan emplazamientos que mantienen una gran armonía con las características del medio natural en el que fueron ubicados; denotan saberes tradicionales y un gran conocimiento técnico de la conjugación de los materiales por parte de sus constructores para su edificación. Las trazas de ciudades como Zacatecas, Taxco, Real de Catorce o Parral, cuyo origen obedece a la explotación minera, o las ciudades de Puebla, Oaxaca, Morelia, Querétaro o la Ciudad de México cuyo origen obedece al establecimiento de un bastión de poder político para el estricto control del territorio, son notables por su delicado equilibrio en la relación entre espacio público y privado; por el cuidado extremo en el mantenimiento de los valores jerárquicos de la arquitectura y los espacios de mayor importancia en su significación, y en la milimétrica orientación de sus ejes visuales, alineados con elementos arquitectónicos o naturales que se erigen como los hitos de su paisaje.

La riqueza de la arquitectura histórica patrimonial mexicana destaca en el contexto internacional ya que dentro de las 35 inscripciones que hasta hoy le dan el reconocimiento de patrimonio mundial por parte de la UNESCO, destacan 11 sitios representativos de conjuntos urbanos históricos sobresalientes por la calidad de su arquitectura: son los centros históricos de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Morelia, Guanajuato, Zacatecas, San Miguel de Allende, Campeche y Tlacotalpan, junto con la Zona Lacustre de Xochimilco que contiene el impresionante vestigio de las chinampas prehispánicas en un entorno lacustre, y los conjuntos de edificaciones históricas de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, y sus barrios tradicionales. Adicionalmente, la repre­sentatividad de nuestra arquitectura en el contexto internacional, señalados por la lista de patrimonio mundial, resalta también con las inscripciones del Hospicio Cabañas, en Guadalajara, el imponente Acueducto del Padre Tembleque en los estados de Hidalgo y México, así como el conjunto de 14 monasterios franciscanos construidos en el siglo XVI en las faldas del volcán Popocatépetl.

LOS ARQUITECTOS DEL PATRIMONIO

En relación al patrimonio cultural podemos distinguir dos tipos de arquitectos, los creadores y los conservadores de los edificios que hoy en día constituyen nuestro legado histórico. En este texto es menester mencionar a los constructores de la arquitectura histórica mexicana que durante cuatro siglos aplicaron su talento, creatividad y esfuerzo, muchas veces de dimensiones titánicas para edificar los tesoros que nos legaron. Mencionaremos solamente a un grupo selecto y representativo de las diversas épocas constructivas en nuestro país. Éstos son muy diversos en cuanto a su origen, formación y desempeño.

El primer personaje es fray Juan de San Miguel, fraile franciscano que arriba a América para apoyar la titánica tarea de la evangelización de los territorios de la Nueva España. Llega a la Ciudad de México alrededor de 1530 y es comisionado a las provincias de la meseta purépecha donde llega a realizar una labor que dio por resultado la fundación de diversos pueblos y ciudades que hoy en día son contenedores de un rico y variado acervo de arquitectura virreinal.

Una primera y destacada empresa fue la labor fundacional que realiza fray Juan de San Miguel en lo que hoy conocemos como la ciudad de Uruapan, donde dirige la traza de la ciudad con sus nueve barrios originales y promueve la edificación de los templos y capillas para los servicios religiosos de la población.

Una segunda tarea con visos similares a la anterior la realiza en el sitio donde hoy se erige la hermosa ciudad de San Miguel de Allende. En un emplazamiento muy diferente a las planicies de Uruapan, con una topografía accidentada y en las laderas de cerros y barrancas logra la fundación de San Miguel el Grande, asentamiento español que permite el florecimiento de la arquitectura virreinal española y hoy en día se cuenta en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.

Un visionario y entendedor de la arquitectura, del urbanismo, pero también del trato humano de las comunidades indígenas, de sus costumbres y necesidades.

Fray Francisco de Tembleque se presume que nace en el poblado de Tembleque en la península ibérica y llega a la Nueva España probablemente en 1540, muy joven, dentro de la orden franciscana involucrada en la propagación de la fe católica en los nuevos territorios de la Corona española. Es comisionado por los generales de la orden al pueblo de Otumba, cerca del magnificente sitio arqueológico de Teotihuacán, en lo que hoy conocemos como el Estado de México. Lo que ahí encuentra es un grave problema de desabasto de agua potable, ya que los aguajes prehispánicos que abastecían a los pueblos originarios de la región resultaron contaminados por su utilización para el ganado de los encomenderos españoles, dando por resultado una población indígena diezmada por las enfermedades gastrointestinales y una falta de agua generalizada. Se aboca a la búsqueda de una fuente de abastecimiento para la población de Otumba y la encuentra en los ojos de agua al pie del volcán Tecajete a casi 42 kilómetros de distancia, en territorio chichimeca del hoy estado de Hidalgo.

Busca el permiso de las autoridades españolas para construir un acueducto que posibilite conducir el vital líquido a Otumba y a la región contigua del trazo hídrico. Sin contar con preparación académica en ingeniería o arquitectura pone manos a la obra en 1545 para construir un sistema hidráulico de 42 km de longitud para abastecimiento de agua potable hoy conocido como el Acueducto del Padre Tembleque, que ha sido reconocido por la UNESCO como un ejemplo de los valores excepcionales y únicos de la creatividad humana para incorporarlos como parte de la lista de bienes considerados patrimonio mundial.

Para llevar a cabo tan singular y excepcional tarea el padre Tembleque, de quien no conocemos su nombre completo, incorporó con maestría política en el duro trabajo de construcción a los hombres de los pueblos cercanos al trazo del acueducto, que entre los mismos se habían visto como adversarios y en competencia por el control del territorio. Aún así el franciscano logró la cooperación de hasta 400 miembros de la población indígena masculina y complementariamente de la población femenina, la cual colaboró con la empresa con el tejido de piezas textiles cuyo producto de venta se sumaron a los gastos de la construcción de la portentosa obra.

La obra la concluye el padre Tembleque dando por resultado un abasto de agua, vital para la supervivencia humana y para la producción agropecuaria de una vasta región. La figura del promotor y constructor de la obra se agiganta cuando uno se coloca al pie de la arquería monumental que alcanza una altura mayor de 40 metros, la estructura más alta construida en el continente americano para su época. El ingenio, la creatividad, la capacidad política y financiera, sumadas en una sola persona, hace reconocer en el padre Tembleque su importancia para el patrimonio edificado de nuestro país.

Como otro portento de arquitecto se considera a fray Rodrigo de León, predicador dominico que llega también en el siglo XVI a lo que es hoy el territorio del estado de Chiapas y se le atribuye el diseño de una magnífica pila de agua en el poblado indígena de los Chiapa, hoy Chiapa de Corzo. El fraile es una figura con un débil soporte historiográfico que deja en penumbras su paso por el territorio virreinal español. Su presencia histórica se atribuye a un recuento de un cronista dominico que señala con claridad que fray Rodrigo de León traza el diseño de la hermosísima fuente con una portentosa fábrica de tabique de barro de una pretendida influencia mudéjar, lo que la hace única en su tipo.

Personajes como el que nos ocupa son comunes durante el siglo XVI en la Nueva España: predicadores y evangelizadores que transitan a pie por el territorio y van tomando conocimiento de saberes y lugares al mismo tiempo que dejan muestra de su creatividad y talento para la construcción de los monumentos que hoy nos enorgullecen como mexicanos. La crónica indica que el diseñador de la maravillosa fuente no vio terminada la obra por seguir sus recorridos evangelizadores por los territorios de la Nueva España.

Nacido en la población de Ribera del Fresno a finales del siglo XV, Alonso García Bravo, soldado español con conocimientos de geometría aplicada, llega a tierra continental en 1518, por la región de la desembocadura del río Pánuco donde participa en combates con la población originaria, resultando herido, por lo que el grupo expedicionario se refugia en la Villa Rica de la Veracruz, donde Hernán Cortés había establecido su cabeza de playa para la conquista. Cortés ya había partido hacia la toma de México Tenochtitlán. García Bravo se recupera en Veracruz y con sus capacidades de alarife y geómetra, ayuda en el diseño y edificación de baluartes para la defensa de la villa e inicia el diseño para el trazo urbano de la población.

Una vez consumada la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortés llama a García Alonso a la recién creada capital de la Nueva España para encargarle la magna tarea de realizar la traza urbanística de la nueva ciudad española, sobre las ruinas de la antigua ciudad mexica. García Bravo con una gran destreza, impresionante intuición técnica y una sensibilidad amplia reconoce las ventajas del trazo de la ciudad mexica a partir de sus cuatro ejes, señalados por cuatro grandes calzadas de tierra orientadas hacia los cuatro puntos cardinales; tomando como centro el antiguo recinto ceremonial del Templo Mayor, ahora en proceso de demolición y una gran explanada para partir del generoso cuadrángulo de la nueva plaza mayor, donde ubica en un emplazamiento central, como lo habían hecho anteriormente los mexicas, los edificios principales de los poderes de la Corona española y eclesiásticos, y forma, no sin grandes dificultades, una traza rectangular casi perfecta.

En la nueva capital española participa activamente en el diseño de dos edificios ahora emblemáticos del patrimonio de la ciudad: la Casa de Cortés en Coyoacán, hoy sede del gobierno de la Alcaldía coyoacanense y el edificio de la Real Audiencia en el sitio que hoy ocupa el Palacio Nacional.

Posteriormente, traslada su residencia a la Villa de Antequera (hoy Ciudad de Oaxaca) donde realiza la traza en damero de la urbe, que en esa época contaba con aproxi­madamente 5,000 habitantes, de los cuales, solamente mil eran españoles. En este caso, cambia con una maestría digna de tomarse en cuenta el diseño de partir de una plaza mayor, y entonces traza dos plazas contiguas y similares en dimensiones: en la primera instala el palacio de gobierno y en la segunda a las autoridades religiosas con la sede catedralicia; la traza de manzanas cuadrangulares con hitos religiosos en las calles que representan los ejes cartesianos, establece prácticamente las características del modelo general de lo que sería el trazo de las nuevas ciudades españolas en el continente.

Ya en el siglo XVII y XVIII el arquitecto Pedro de Arrieta despliega su generoso talento en la Nueva España con ejemplos de gran calidad en la arquitectura barroca novohispana. Su genio produjo edificaciones tan relevantes como el templo de San Felipe Neri La Profesa, en el centro de la ciudad, el Antiguo Palacio de la Inquisición, en el que incorpora creativas soluciones arquitectónicas como el acceso en la esquina en forma de ochavo, que le otorga gran prestancia al edificio en el contexto inmediato de la Plaza de Santo Domingo, también en la Ciudad de México. Arrieta construye la Capilla de las Ánimas dentro del conjunto catedralicio de la capital novohispana logrando una gran armonía entre las escalas dispares de la catedral, el Sagrario y la pequeña capilla. En el trayecto de lo que hoy reconocemos como el Camino Real de Tierra Adentro, bien cultural inscrito en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, construye un hermoso puente para cruzar el río que bordea la localidad de San Juan del Río en Querétaro, hoy conocido como el Puente de la Historia, en un ejercicio de ingeniería hidráulica de gran solidez y belleza.

En el paisaje histórico del centro de la Ciudad de México mirando hacia el oriente, destaca desde el siglo XVII la cúpula del templo conventual de Santa Teresa La Antigua, producto del genio del arquitecto Lorenzo de la Hidalga, que logró la construcción de dicho remate monumental que se ha convertido en un infaltable y elegante hito por su calidad armónica fundamentado en el módulo aúreo, en el impresionante paisaje urbano histórico del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Finalmente aludo al ejemplo de Manuel Tolsá, eminente arquitecto valenciano cuya actividad constructiva ha dejado una huella perenne en la arquitectura histórica de nuestro país. Nace en la península Ibérica en 1757 y llega a América en 1791. Su prolífica carrera y gran talento lo llevan a participar en múltiples edificaciones que hoy admiramos como monumentos históricos. Tolsá culmina con toques maestros la construcción de la Catedral de México, construye la escuela de Minas, hoy conocida como el Palacio de Minería; se encarga del diseño del Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco, hoy monumento inscrito por sus valores universales excepcionales en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, construye dos palacios excepcionales: el de Buenavista, hoy sede del Museo de San Carlos sobre el trazo de la antigua calzada de Tacuba, y el del Marqués del Apartado en el corazón mismo de la Nueva España. En su faceta de escultor realiza los principales altares en templos religiosos de la época: el altar principal de la Catedral de Puebla, el altar principal del templo de Santo Domingo, el altar principal del templo de San Felipe Neri La Profesa y despliega su talento y maestría como escultor en la figura ecuestre de Carlos IV, una de las más bellas e importantes esculturas ecuestres en bronce del mundo.

LA PROTECCIÓN DE LA ARQUITECTURA

Dada la importancia del patrimonio edificado, a partir del siglo XIX el gobierno de México ha procurado su protección con el fin de preservar la identidad cultural de los mexicanos y cumplir el compromiso de transmitir dicho legado a las generaciones futuras para preservar así sus derechos a la cultura. Fue, sin embargo, a partir del siglo XX en el que se perfiló con mayor nitidez la protección de los monumentos históricos.

En 1914, paradójicamente, el usurpador general Victoriano Huerta expide la Ley de Conservación de Monumentos Históricos, Artísticos y Bellezas Naturales, por la que instruye a la entonces Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para la protección de los inmuebles con características patrimoniales con la idea de proteger, sin alteración, las piezas justificativas de la memoria y la evolución de los pueblos. Establece la necesidad de hacer un inventario general de bienes inmuebles y muebles y determinar para su protección legal su “clasificación” como monumentos históricos o artísticos.

Establece la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos como órgano ejecutor de la tutela legal del patrimonio edificado, integrando su Comité Ejecutivo con los siguientes miembros: el rector de la Universidad Nacional, el director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, el director de la Academia Nacional de Bellas Artes, el director de la Biblioteca Nacional y un arquitecto que fungiría como inspector nacional, y dos especialistas más que formarían parte de la estructura operativa de la Inspección.

Las atribuciones que le otorgan a esta Inspección Nacional son muy amplias: “clasificar” y “desclasificar” bienes para los efectos de la protección legal; la vigilancia general de los bienes protegidos, el otorgamiento de permisos para la enajenación de los inmuebles protegidos, la aprobación de los proyectos de obras en los edificios protegidos con objeto de mantener su autenticidad y sus valores patrimoniales, así como tomar las medidas relativas para la conservación de dicho acervo.

La ley es muy concisa con una extensión de 33 artículos: no determina sanciones a los que violen sus preceptos, incorpora el concepto de protección ambiental con el término legal de “Bellezas Naturales”, para las cuales, aplica también el concepto de clasificación para extender la protección legal en los territorios de belleza natural dignos de permanecer inalterables por la mano del hombre. Correspondió a Nemesio García Naranjo, titular de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, su aplicación.

En 1930, bajo el gobierno interino de Emilio Portes Gil se promulga una nueva Ley sobre la Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, más amplia, precisa y completa que su predecesora, con 36 artículos y transitorios en la que asigna a la Secretaría de Educación Pública, en ese entonces a cargo de Ezequiel Padilla, la responsabilidad de la protección y conservación de los monumentos, poblados típicos y entornos territoriales de belleza natural, por medio de un nuevo organismo ejecutivo denominado: Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos, que se crea con la fusión de la Dirección de Arqueología y de la Inspección General de Monumentos Artísticos e Históricos.

A esta nueva dependencia se le otorgan las amplias atribuciones ejecutivas para la protección y conservación de los monumentos del país, incluyendo autoridad para emitir declaratorias sobre los bienes inmuebles a proteger, así como de los conjuntos de arquitectura tradicional histórica denominadas en ese entonces como poblaciones típicas; y se le añaden las de formación de los catálogos de bienes sujetos a la protección de la ley, el acopio de información documental sobre los monumentos, que da origen a los actuales archivos nacionales de arqueología y de monumentos históricos, promover el estudio de los monumentos y zonas típicas, la responsabilidad para realizar publicaciones científicas y de divulgación, promover la difusión y sensibilización de la población sobre su patrimonio edificado, impulsar con estados y municipios el establecimiento de legislación y reglamentación local para la protección de monumentos y poblados típicos, así como impulsar la participación de ciudadanos en asociaciones civiles para la protección de los monumentos de sus comunidades.

Esta ley incorpora la innovación de los órganos consultivos externos en la protección del patrimonio cultural al establecer una Comisión de Monumentos y Bellezas Naturales, presidido por el Secretario de Educación Pública y conformado por el jefe del Departamento de Monumentos Artísticos Arqueológicos e Históricos, y por representantes de las siguientes dependencias e instituciones: la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, el nuevo Departamento de Museos de la SEP, la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Pintura y Escultura, ambas de la Universidad Nacional de México; el Departamento de Edificios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Comisión Mixta Pro-Turismo de la Secretaría de Gobernación, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Sociedad Científica “Antonio Alzate” y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.

Esta ley innova también al establecer como de interés público la protección del paisaje pintoresco de los poblados típicos del país introduciendo las declaratorias de protección para dichos entornos constituidos por arquitectura monumental y tradicional, otorgando funciones de autoridad a la Secretaría de Educación Pública para normar las obras en edificios y espacios públicos de dichos entornos protegidos, así como suspender obras no autorizadas.

Esta norma suaviza la obligación de los particulares propietarios de monumentos históricos de solicitar un permiso para la enajenación de sus bienes, por la de solamente dar aviso a la autoridad en caso de una transacción inmobiliaria. Introduce un primer incentivo para la conservación monumental proponiendo la necesidad de gestionar la reducción de impuestos que gravan a inmuebles monumentales en los casos en los que los propietarios no puedan obtener una renta de dichos bienes para su conservación.

En la ley se añade finalmente un capítulo de Disposiciones Penales que no existía en la ley precedente, en el que se establecen diversas sanciones con penas de arresto y multas a los diversos casos de infracción a la ley, en detrimento de la conservación del patrimonio edificado.

Abelardo L. Rodríguez, en su calidad de Presidente Constitucional sustituto de los Estados Unidos Mexicanos deroga la ley de 1930 y la sustituye con la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el año de 1934.

Este ordenamiento enfoca con mayor importancia que los anteriores a los bienes arqueológicos, definiéndolos como la totalidad de los vestigios de las civilizaciones aborígenes antes de la consumación de la conquista española y determina que todos son del dominio de la nación. A los monumentos históricos los define como los creados después de la consumación de la conquista española, cuando su conservación sea de interés público, en virtud de su vinculación a la historia política y social del país y por su excepcional valor artístico o arquitectónico que los haga exponentes de la historia de la cultura en México.

Limita la protección a los monumentos históricos a aquellos que cuenten con una declaratoria de monumento histórico emitida por la Secretaría de Educación Pública, pero permite atribuciones a dicha Secretaría para requerir a los propietarios de inmuebles, que no teniendo declaratoria pero mantengan un valor histórico, contar con una autorización de la SEP para la realización de obras que puedan poner en riesgo sus valores patrimoniales.

También limita la aplicación de la ley a todos los monumentos declarados y que sean bienes nacionales hasta entonces en todo el territorio nacional y a los que no lo fuesen solo aplicaría en el Distrito Federal (Ciudad de México) y en los territorios federales. Mantiene un órgano consultivo corresponsable de la autoridad para la protección del patrimonio edificado denominado ahora Comisión de Monumentos.

Desaparece de su texto el incentivo para la reducción o condonación de gravámenes fiscales para los monumentos históricos de propiedad privada y aumenta las disposiciones penales con sanción de cárcel hasta por cinco años al infractor que destruya, provoque daños o deterioros de manera intencional en un monumento y se establece por primera vez la figura legal para la protección del patrimonio con el Registro Arqueológico de piezas en poder de particulares. Correspondió a la gestión de Narciso Bassols al frente de la Secretaría de Educación Pública, la aplicación de esta nueva ley.

Finalmente, en 1972 durante la administración del presidente Luis Echeverría se expiden la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, nuestros ordenamientos vigentes en la actualidad, que decantan muchos de los avances normativos previos, incorporando innovaciones en los conceptos básicos de la legislación y contiene las herramientas de protección con que hoy en día el INAH y el INBAL protegen a los monumentos del patrimonio cultural de nuestro país.

Las novedades que en su momento incorporó la nueva ley son importantes. Primero, clasifica el patrimonio edificado en tres tipos de monumentos: arqueológicos, los bienes muebles e inmuebles producto de las culturas anteriores a la hispánica, los históricos son los bienes muebles e inmuebles vinculados a la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, y artísticos, los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante.

Este nuevo marco normativo asigna atribuciones al Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre los monumentos arqueológicos e históricos y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura sobre los monumentos artísticos.

Un elemento significativo en este ordenamiento legal para la protección de la arquitectura histórica es la incorporación de la figura de “determinación de ley” para reconocer el valor monumental de diversas tipologías edificatorias construidas entre el siglo XVI y el XIX inclusive: los edificios religiosos, los dedicados a la educación y la enseñanza, los dedicados a fines asistenciales o benéficos, los dedicados al servicio y ornato públicos, los dedicados al uso de autoridades civiles y militares, así como las obras civiles relevantes de carácter privado.

Se incorpora el concepto de “zonas de monumentos” para las tres categorías monumentales de la ley, definiendo la posibilidad de establecer perímetros de protección patrimonial a conjuntos de arquitectura arqueológica, histórica o artística, por medio de declaratorias expedidas por decreto del titular del Ejecutivo. De esta manera se cuenta, en materia de conjuntos de arquitectura histórica, con declaratorias de Zonas de Monumentos Históricos para los 59 principales centros urbanos fundacionales de poblaciones virreinales españolas en el territorio.

La ley vigente crea como un instrumento fundamental de identificación monumental para su protección el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos a cargo del INAH y el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos a cargo del INBAL. Reincorpora de manera acotada el incentivo en monumentos históricos y artísticos que representa la posibilidad para un propietario particular que posee y conserva en buen estado un monumento para solicitar la exención del impuesto predial.

Nuestra legislación actual, aunque tiene grandes virtudes y se han incorporado nuevas categorías para la protección patrimonial, como los vestigios paleontológicos y la arqueología subacuática, requiere de actualización en diversos temas: la incorporación de mayores y más amplios incentivos para la conservación de la arquitectura histórica en manos de propietarios privados; la incorporación de nuevas categorías del patrimonio cultural edificado que permitan su protección, tales como: la arquitectura vernácula, los itinerarios culturales, el paisaje histórico urbano, la arquitectura productiva e industrial, las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, producto de los procesos recientes de investigación nacional e internacional en la materia.

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO

El Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple 80 años protegiendo y conservando el patrimonio histórico, enfrentando para ello problemáticas significativas que vulneran y ponen en riesgo de pérdida los monumentos históricos inmuebles. Entre los problemas más importantes para la protección y conservación de los monumentos históricos inmuebles se pueden mencionar los siguientes: los intereses económicos que se mueven en los ámbitos urbanos en actividades inmobiliarias; acciones modernizadoras gubernamentales no sustentables; la falta de mantenimiento a sus inmuebles por parte de los propietarios y resguardantes y, por último, los efectos catastróficos generados por la naturaleza o por el hombre. Las actividades inmobiliarias fundamentan su operación en tres premisas: la localización estratégica, maximización de la renta del suelo, la oferta y la demanda de espacios. Las tres premisas utilizadas de una manera poco cuidadosa por los desarrolladores de proyectos inmobiliarios atentan contra la permanencia y conservación de la arquitectura histórica en primer término por los requerimientos de localización centralizada de los grandes proyectos inmobiliarios.

Es común ver en las grandes ciudades contemporáneas en Estados Unidos y Canadá por ejemplo, como los proyectos saturan el área central de la ciudad a la que denominan Distrito Central de Negocios (o Central Bussiness District, cbd), conformando una silueta urbana abigarrada de torres de acero y cristal conformando una imagen de modernidad urbana. Estas ciudades permiten tales aglomeraciones a costa de sus arquitecturas históricas que son demolidas en aras de la modernidad. En contraste, las ciudades mexicanas como las europeas y otras con una tradición histórica relevante concentran en esos perímetros urbanos centrales lo mejor de su arquitectura patrimonial, conformando centros históricos que gracias a los conjuntos de arquitectura de diversas épocas presentan un paisaje histórico urbano de gran calidad patrimonial y cultural. La permanencia de la arquitectura histórica depende del resultado de la lucha entre los intereses mercantiles favoreciendo las premisas inmobiliarias o la prevalencia de la cultura en una sociedad que trata de conservar su memoria histórica.

Para poder proteger y conservar los múltiples y diversos paisajes históricos, principalmente en contextos urbanos, el Instituto ha promovido el establecimiento de perímetros protegidos en los cascos históricos fundacionales de 59 localidades del país, mediante decretos de declaratorias de zonas de monumentos históricos. En dichos conjuntos urbanos de gran valor patrimonial histórico el Instituto ejerce actos de autoridad para permitir proyectos de restauración, y revitalización de centros históricos, aplica criterios para permitir la incorporación de arquitectura contemporánea que dialogue con los edificios más antiguos y aporte nuevos valores estéticos a los conjuntos; también el INAH interviene para suspender obras de manera precautoria para evitar daños en los edificios monumentales que son intervenidos o que en su colindancia las nuevas construcciones puedan afectar su integridad o su percepción.

Un riesgo importante de pérdida del patrimonio edificado corresponde a la actuación de autoridades en los tres órdenes de gobierno con inversiones públicas en el territorio con criterios alejados de la cultura y de la sensibilidad histórica para pretender construir infraestructuras y equipamientos depredando sin miramientos sobre el acervo edilicio histórico de nuestras ciudades. El ejemplo paradigmático de este fenómeno lo representa el proyecto para construir un teleférico dentro de uno de los centros históricos más relevantes del continente, inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, afectando su paisaje histórico urbano que mantenía prácticamente intocado en sus valores patrimoniales por casi 500 años y para lo cual, se demolió una casa de alto valor patrimonial histórico con objeto de colocar en el sitio la terminal de abordaje. Finalmente el INAH logró revertir el proyecto original salvaguardando el perímetro protegido del Centro Histórico dándole una salida al proyecto minimizando las alteraciones en el contexto histórico.

Otro factor que afecta de manera importante la conservación del patrimonio histórico edificado es la carencia de procesos sistemáticos para darle mantenimiento periódico a los monumentos, no solamente en los de propiedad privada, sino también en los de propiedad pública, lo que genera un deterioro constante y creciente en los elementos estructurales y arquitectónicos de los edificios patrimoniales. Existen tres razones principales para que estas prácticas prevalezcan: la carencia de recursos económicos de los propietarios con bajos niveles de ingreso; la ignorancia sobre los valores culturales de los inmuebles catalogados como monumentos históricos y el consecuente desapego en el cuidado de los mismos; y la intencionalidad perversa de deterioro del inmueble por parte del propietario con objeto de justificar la demolición y evitar asumir la responsabilidad de la conservación del monumento, abriendo la posibilidad de sustituirlo por un proyecto que intensifique la rentabilidad del terreno.

Estos fenómenos los ha combatido el INAH de manera cotidiana en todo el país asesorando, sensibilizando, promoviendo y convenciendo a los propietarios para hacerles ver que sus inmuebles son únicos, irrepetibles tesoros de la nación, documentos vivos de la memoria histórica y espacios de significación de las comunidades para el fortalecimiento de su identidad cultural, por lo que siempre valdrá la pena el esfuerzo por su conservación. Un éxito mayor para la protección y el mantenimiento del patrimonio edificado se podría obtener si se instrumentaran, por parte del gobierno, incentivos económicos para apoyar a los propietarios que demuestren un cuidado constante en la conservación de nuestros monumentos.

Por último, otro factor de gran importancia en la afectación y pérdida del patrimonio edilicio del país es la vulnerabilidad de nuestro territorio ante los desastres provocados por fenómenos perturbadores naturales o antropogénicos.

Existen registros históricos desde las épocas prehispánicas en los que se da cuenta de inundaciones, terremotos, tormentas, huracanes, deslaves y muchos más que a lo largo de la historia de nuestro país han tenido un efecto devastador en el patrimonio edificado.

Particularmente han sido los eventos sísmicos los que han hecho mayor daño a las edificaciones patrimoniales en aquellas regiones de nuestra geografía que son más propensas a los acomodos de las placas tectónicas y a las vibraciones de los movimientos telúricos resultantes de dichos acomodos geológicos.

Hay que destacar por su importancia y efectos en el patrimonio los sismos registrados en la segunda mitad del siglo XX y los más recientes. En la madrugada del domingo 28 de julio de 1957 un terremoto con epicentro en la costa de Guerrero afecta a la Ciudad de México dañando estructuralmente el conjunto escultórico de la Columna de la Independencia, dejando estupefacta a la población de todo el país al ver en el suelo la escultura de la Victoria Alada, conocida cariñosamente por los mexicanos como “El Ángel”. Las autoridades emprendieron con prestancia la restauración de tan emblemático monumento. También en la madrugada, ahora del 23 de agosto de 1973, un terremoto con epicentro en la región de Orizaba, Veracruz, afecta de manera grave las edificaciones de diversas localidades del centro de Veracruz y del oriente del estado de Puebla, especialmente la localidad de Chalchicomula o Ciudad Serdán, donde el acervo de vivienda tradicional y vernácula resultó devastado por el sismo. Por supuesto el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, también con epicentro en la costa de Guerrero tuvo efectos importantes en la arquitectura civil patrimonial de los siglos XVIII y XIX en la zona central de la capital mexicana.

En 1999 en la tarde del martes 15 de julio, ocurre otro movimiento telúrico de gran intensidad con epicentro en la zona de Tehuacán, Puebla que afecta el patrimonio cultural en seis entidades federativas: Puebla, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz, donde resultan con fracturas, grietas desprendimientos y colapsos aproximadamente 1,500 inmuebles catalogados, principalmente templos y arquitectura civil. Le toma al INAH, con la colaboración de estados y municipios, así como empresas constructoras especialistas en restauración, dos años completar los trabajos de restau­ración de los bienes inmuebles afectados. Este caso es el primero en el que el Fondo Nacional de Desastres Naturales (fonden) se aplicó para atender los daños por desastre en patrimonio cultural, también a partir de este desastre el INAH inició el proceso de aseguramiento del patrimonio cultural bajo su tutela, con la contratación de pólizas de seguro para cubrir daños catastróficos en el patrimonio arqueológico e histórico.

En el otoño de 2017 una inaudita secuencia de sismos de alta intensidad en un lapso de dos semanas dos terremotos, uno el 7 de septiembre, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec y otro el 19 de septiembre, con epicentro en la confluencia de los límites de los estados de Morelos, Guerrero y Puebla, resultaron afectados bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural como nunca antes en la historia de México por la extensión de las regiones afectadas, 11 entidades federativas, más de 400 municipios, con más de 11 millones de habitantes; por la gravedad de los daños 22% de los inmuebles afectados con colapsos en sus elementos estructurales, 60% con colapsos y desprendimientos en elementos arquitectónicos, fracturas y grietas en muros, torres y cubiertas y 18% con daños menores, grietas fracturas y fisuras. Además, siendo la mayoría inmuebles religiosos el patrimonio mueble resguardado dentro de los templos resultó con afectaciones diversas; y por la escala del daño en término del número de bienes afectados: inmuebles catalogados más de 2,500 bienes muebles patrimoniales y más de 6,000 piezas.

La recién creada Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y especialmente el INAH no habían tenido un reto mayor a enfrentar para recuperar el patrimonio cultural afectado por un desastre natural. El INAH salió al frente para establecer el compromiso de recuperar la totalidad de los bienes culturales dañados por medio de procesos de restauración que garanticen mantener la integridad y autenticidad de los monumentos, así como mejorar las capacidades estructurales de los inmuebles con objeto de que resistan mejor los próximos sismos.

El trabajo ha sido arduo y complejo, exigiendo al límite de las capacidades al personal multidisciplinario y especializado del Instituto, poniendo a prueba la coordinación de su estructura descentralizada, requiriendo la presencia en campo de brigadas formadas por más de 800 especialistas y técnicos, incorporando la participación de los miembros de las comunidades afectadas, gestionando los recursos necesarios para cumplir las tareas de restauración, concertando con prestadores de servicios, autoridades municipales y estatales, representantes de las asociaciones religiosas, especialistas de instituciones académicas las tareas de investigación histórica, dictaminación de daños, elaboración de diagnósticos y reconocimiento de fábricas y deterioros, discernimiento de proyectos ejecutivos de reestructuración y restauración, integración de procedimientos y técnicas de intervención, estimación de cantidades de obra, precios unitarios y catálogos de con­ceptos, autorización de los proyectos definitivos de intervención, administración del ejercicio de los recursos, concertación de procesos de supervisión técnica y todo sin detener, ante la emergencia, las múltiples tareas cotidianas del Instituto en materia de investigación, protección, conservación y difusión del resto del patrimonio histórico y arqueológico del país.

Haber participado en tan magnas tareas ha sido un honor y un privilegio de los miembros del equipo que hemos llevado sobre los hombros tan importantes responsabilidades. Algunos resultados a la mitad del camino: garantizar la mayor inversión en la historia para tareas de restauración de bienes catalogados, con un aproximado de 11 millones de pesos; recuperación de más de 800 inmuebles patrimoniales en 18 meses de trabajo; inédita firma de un convenio de coordinación con la Conferencia del Episcopado Mexicano, conformando a las más altas autoridades mexicanas de la Iglesia católica para ratificar la responsabilidad de proteger, conservar y proporcionar mantenimiento periódico a los bienes patrimoniales federales bajo su resguardo, convenios con instituciones académicas, colegios de profesionistas y agrupaciones de expertos para coadyuvar en las tareas de recuperación del patrimonio.

Muchas enseñanzas nos dejan los desastres que afectan el patrimonio edificado: la importancia de desarrollar líneas de investigación sobre el patrimonio vulnerable a estos desastres; la importancia de continuar de manera permanente procesos de catalogación y actualización de fichas de catálogo; la necesidad de establecer protocolos de seguridad y programas de protección civil en los conjuntos monumentales así como en su contexto inmediato; la necesidad de incorporar normas de protección para otras categorías patrimoniales: arquitectura vernácula, paisajes culturales, itinerarios culturales, etcétera.

LA INVESTIGACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO

La trascendencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de proporcionar la tutela para la protección y conservación del patrimonio cultural de México, se fundamenta de manera significativa en las tareas que realizan sus especialistas en materia de investigación y difusión de los valores patrimoniales de la arquitectura histórica mexicana.

Las tareas del Instituto correspondientes a cumplir el papel de autoridad normativa respecto al patrimonio son complementadas con las tareas de carácter académico que realizan sus investigadores, que ha llevado al Instituto a recibir un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional como institución de enseñanza, investigación, difusión y divulgación de los valores culturales del patrimonio de Mexico y del mundo.

Como parte de las tareas de investigación, del Instituto y en colaboración con otras instituciones académicas se promueven y ejecutan proyectos de investigación sobre la arquitectura histórica, destacan avances importantes en el conocimiento histórico de la arquitectura virreinal religiosa, la arquitectura civil de los siglos XVI al XIX, la arquitectura funeraria, la arquitectura industrial, la arquitectura vernácula tradicional, los procedimientos constructivos antiguos y tradicionales, los conjuntos urbanos patrimoniales o centros históricos, la incorporación de la arquitectura contemporánea en estos contextos patrimoniales, los arquitectos y las instituciones que promovieron la construcción de los monumentos que integran y enaltecen actualmente el patrimonio edilicio, el comportamiento estructural de los edificios históricos, la conformación de las trazas urbanas fundacionales en pueblos y ciudades virreinales; los procesos de evangelización y su impacto en la innovación arquitectónica en América, como ejemplo de los múltiples filones de conocimiento que se han hecho del conocimiento del público por las tareas sistemáticas y persistentes de investigación de nuestros especialistas.

Finalmente, es relevante poder destacar las tareas de difusión en materia de monumentos históricos que lleva a cabo el INAH, ya que estas actividades cumplen una función toral para la apreciación del ciudadano común de la riqueza inmensa del patrimonio que lo rodea cotidianamente en las ciudades en las que viven.

El reconocimiento de los valores patrimoniales de la arquitectura histórica por parte de las comunidades es indispensable para poder cerrar el círculo virtuoso de conocer-valorar-proteger-conservar-disfrutar-reconocer la riqueza en significación, contenido histórico, identificación de origen, conformación y fortalecimiento de la identidad cultural de los ciudadanos y de los pueblos.

En este sentido el INAH mantiene un liderazgo claro en temas de difusión y divulgación cultural por sus escuelas para la formación de cuadros, la red de declaratorias de zonas de monumentos históricos, la amplia red de sitios arqueológicos abiertos al público, el establecimiento de la más grande red de museos en cualquier país de América, el importantísimo programa de publicaciones científicas, especializadas y de interés general, la rica labor de integración, conservación y acceso público de acervos documentales, la integración de plataformas digitales para poner a disposición pública catálogos, inventarios, publicaciones, información en redes sociales, canales de radio y televisión.

En conclusión, México es un país privilegiado por la riqueza y diversidad de su patrimonio cultural y cuenta con la Institución que, a lo largo de sus 80 años de historia, ha sido el garante de los derechos culturales de los mexicanos.